El Juzgado Contencioso-Advo. nº 3 de Valencia sentencia por segunda vez a la Diputación valenciana por discriminación por razón de nacionalidad o raza.
Las diputaciones provinciales son, en España, los órganos de gobierno y administración de regiones con más de dos provincias; la principal actividad de la diputación de Valencia es dotar de infraestructuras a las 266 localidades de la provincia de Valencia. Pero a través de esta institución estrictamente regional, se han perpetrado delitos contra la Constitución Española por parte de los gestores del dinero público, por lo cual han tenido que vérselas con la Justicia y ser declarados culpables.
El 29 de diciembre de 2016, por iniciativa de varios partidos políticos de izquierda (PSOE-PSV – Partido Socialista Valenciano) Compromís (Izquierda ecologista y nacionalista) y Podemos (extrema izquierda radical) la Diputación de Valencia se adhirió a la campaña de racismo de BDS (Boicot, Desinversión y Sanción contra Israel) También se adhirieron a la campaña ayuntamientos como el de la ciudad de Sagunto, que por otra parte explota su pasado judío. La Justicia española declaró ilegales todas las campañas de BDS. Pero el 14 de junio de 2018 esta coalición de izquierdas presentó una addenda como estrategia para eludir la impugnación y continuar con su obsesivo odio a Israel. En palabras de ACOM, la organización que en España vela por denunciar todos los actos de antisemitismo, » introdujeron un nuevo texto sobre defensa de los derechos humanos del pueblo palestino (…) estableciendo que «la Provincia de Valencia se declara espacio libre de crímenes de guerra, incluido el crimen de apartheid y en este marco apoyará las campañas de «Espacio Libre de Apartheid Israelí»».
Unos días después, el 19 de junio de 2018, después de revocar el Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2016, se volvió a declarar la Provincia de Valencia «espacio libre de apartheid», estableciendo que “en este marco apoyará las campañas en defensa del pueblo palestino”.
Ante esta nueva declaración, el Juzgado número 3 de Valencia, con fecha 13 de marzo y sentencia 101/2020, ha rechazado esa maniobra ilegal, afirmando que constituye una incitación al odio y a la discriminación, quebrantando la Constitución Española. Y además expresa que la Diputación de Valencia se extralimita en sus competencias.
ACOM presentó una nueva iniciativa judicial con el fin de denunciar el intento fraudulento por parte de esta administración pública de enmascarar la discriminación por razón de nacionalidad o raza, y ahora el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Valencia sentencia a su favor.
