EL PARLAMENTO EUROPEO REPRENDE A ESPAÑA POR EL CASO KOKOREV

Los Kokorev, judíos rusos,  llevan más de dos años detenidos en Canarias, acusados de ser testaferros de T. Obiang


Vladimir Kokorev, de 63 años de edad y en estado de salud más que precario, así como su mujer Yulia y su hijo Igor, fueron detenidos hace más de dos años en el aeropuerto de  Panamá y extraditados a España. Dos años entre rejas sin ser juzgados. Hasta este pasado mes de febrero sus abogados siquiera pudieron acceder al sumario de la causa interpuesta.

La Sección  VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas deGran Canaria decretó este pasado miércoles la libertad provisional de Yulia Maleeva . También rebajó de dos millones a 600.000 euros la fianza impuesta por el Juzgado de Instrucción número V de la capital grancanaria a su esposo Vladimir Kokorev, quien permanece en prisión preventiva en Juan Grande,  Gran Canaria, al igual que su hijo Igor.

La Sala revocó sendos autos dictados el 1 de agosto por la magistrada instructora, Ana de Vega, para prorrogar por dos años la reclusión de Yulia y Vladimir. En su resolución, la Audiencia advierte de que la prórroga de la prisión de la mujer “podría vulnerar” el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución y del 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esta anómala situación ayer fue planteada  al Europarlamento: Antonio José García Cabrera y Álvaro Campanario, abogados de esta familia, expusieron una  queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos por la dilatada investigación de este caso, que dicen tener tintes de antisemitismo..

Medio año atrás,  los eurodiputados Jean-Luc Schaffhauser (Francia) y Georgios Epitideios (Grecia) ya formalizaron denuncias por este hecho de la justicia española; ahora, el italiano Fulvio Martusciello  es el que lidera una reclamación a la Justicia española en relación a las condiciones humanitarias de Vladimir Kokorev. . Bruselas pide explicaciones por la demora en la instrucción de esta causa, la prórroga de la prisión provisional -una medida excepcional- y por qué se ha impedido a los abogados defensores acceder al material informático intervenido en la investigación. Se tratará en el próximo pleno de la Asamblea, declara la agencia EU reporter, porque es una afrenta a los valores básicos de la UE.  La Eurocámara se dirigirá a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo para que se pronuncien, investiguen o tomen medidas en cuanto a la posible vulneración de derechos humanos.

Durante el acto en Bruselas el embajador de Guinea Ecuatorial ante la UE, Carmelo Nvono-Ncá, confirmó la relación comercial “real y legal” de Kalunga con el Gobierno guineano. La acusación pide responsabilidades por el lavado de 30 millones de euros a travésd e la empresa Kalunga.