Se tomarán medidas legales contra organizaciones españolas que perciben dinero público para financiar el terrorismo internacional.
El equipo legal de ACOM iniciará proceso legal contra las organizaciones españolas perceptoras de fondos públicos cuyo destino final ha sido la financiación del terrorismo internacional, concretamente de la banda terrorista Frente Popular para la liberación de Palestina (FPLP), así catalogada por la Unión Europea, España, Israel y Estados Unidos.
La reciente condena por colaboración con banda armada de una cooperante española en Israel, tras haber confesado que destinaba los recursos obtenidos de administraciones públicas españolas a la estructura financiera del FPLP, pone de manifiesto la existencia de una industria del odio incrustada en la obtención de fondos públicos de nuestro país.
Ante la desesperante inacción de la Fiscalía española, que debiera actuar de oficio ante tal trama de complicidades, financiación y vasos comunicantes entre una organización terrorista con un sangriento historial y sus grupos de apoyo en España, ACOM vuelve a tomar la iniciativa, buscando la máxima depuración de responsabilidades.
La cooperante española Juani (Ruiz) Rishmawi, de 63 años, ha admitido ante un tribunal militar israelí haber recaudado, a través de la ONG para la que trabajaba (Health Work Commitees – HWC), fondos que fueron a parar al FPLP. La cooperante ha reconocido su culpabilidad a cambio de una sentencia reducida de 13 meses de prisión, además del pago de una multa de unos 16.000 dólares. HWC es una ONG palestina prohibida recientemente por Israel por actuar de fachada del FPLP. El modus operandi de dicha organización, según los cargos que la condenada ha admitido, consistía recurrentemente en presentar facturas y sueldos hinchados, y proyectos y documentos falsos. El dinero se desviaba después para pagar indemnizaciones a familiares de terroristas muertos del FPLP, a reclutar nuevos miembros y a hacer propaganda del grupo. En el caso concreto de Ruiz, entre 2014 y 2016 la ONG para la que recaudaba fondos la española falsificó recibos para hacer ver que un proyecto financiado con dinero público español para suministrar medicinas en el este de Jerusalén costaría 700.000 euros al erario español y europeo. El proyecto costaba en realidad menos de 28.000 euros, y la diferencia se utilizó para financiar al FPLP. La trampa se repitió en muchos otros proyectos. Según el ejército israelí, Rishmawi era plenamente consciente de que parte del dinero que recaudada iba destinado a sufragar ataques terroristas.
A la luz de estos hechos, el equipo legal de ACOM estudiará las medidas encaminadas a que dichas ONGs con misiones «sociales» o «humanitarias», que han aportado el dinero, el parapeto, la cantera y la infraestructura para que los terroristas asesinen, respondan a todos los niveles frente al contribuyente español.
Las medidas legales bajo estudio tendrán como eje rector la monitorización y trazabilidad de esas ayudas, con el objeto de que los intermediarios de ese dinero manchado de sangre paguen ante la Justicia.
No sólo orientamos el esfuerzo legal a la fiscalización de las ayudas ya concedidas, sino que esperamos sirva de impulso necesario para la mejora de mecanismos de control en la concesión, uso y revisión de esos fondos por parte de las administraciones donantes: ¿Qué control se ejerce sobre quién los recibe, en que condiciones se otorgan las ayudas, quienes son los socios en destino que participan de las mismas, cuál es la auditoria que se ejerce sobre el destino de esos fondos?
