POR QUÉ ISRAEL DEBERÍA OPONERSE AL REFERÉNDUM CATALÁN DE INDEPENDENCIA

En septiembre de 1962, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, contra la legislación estatal racista, que el ciudadano negro James Meredith tenía derecho a estudiar en la Universidad de Mississippi.

Cuando, a pesar de eso, las turbas enojadas se prepararon para tomar a la calle para evitar la aplicación la Ley, JFK, entonces presidente de los EE.UU., envió a la Guardia Nacional para hacer cumplir la decisión judicial.

Para justificar sus acciones, JFK declaró: “Los estadounidenses son libres de discrepar con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por muy rebelde o bulliciosa que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o amenaza de fuerza, pudiera desafiar largamente los mandatos de nuestros Tribunales y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

Lo creas o no, hay fuertes paralelismos entre esos días históricos en Mississippi y la Cataluña de 2017. Como entonces, hoy en día el gobierno español se ha visto obligado a desplegar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la región noreste para hacer cumplir la ley de su Democracia y el gobierno de su Tribunal Constitucional.

Hoy en día, como entonces, esas fuerzas de seguridad tienen que enfrentarse a multitudes radicales que los amenazan, mientras que la policía autonómica a veces no es tan resolutiva en el mantenimiento del orden público. Y, como en el Mississippi de los años sesenta, en la actual Cataluña, un segmento de la población enojado y vociferante, pretende hablar por todos mientras intimida a la mayoría pacífica y respetuosa de la ley.

Comencemos con lo obvio: el movimiento independentista en Cataluña no es una lucha legítima por la autodeterminación de un pueblo oprimido. Cataluña ha disfrutado durante 40 años de uno de los niveles más altos de autogobierno de cualquier región de Europa, con su propio parlamento, sistemas de salud y educación descentralizados e incluso su propia policía. Cataluña no es una colonia, ya que todos sus ciudadanos disfrutan de los mismos derechos (y algunos privilegios adicionales) que sus compatriotas españoles. Cataluña no tiene una base histórica para la independencia, ya que era una parte fundamental de España y en ningún momento fue alguna vez una entidad política independiente. Y Cataluña tiene pocas razones para quejarse, siendo una de las regiones más ricas de España, disfrutando de un alto nivel de vida.

¿Qué ocurre entonces en Cataluña? El gobierno secesionista de las minorías regionales, con su red bien subvencionada de grupos y asociaciones supremacistas, es el que presiona para un referéndum ilegal sobre la independencia. Cataluña ha sido liderada por una élite corrupta y radical que ve como una amenaza a las instituciones nacionales de España, a su poder judicial y a la policía. Esa camarilla ha pasado décadas manipulando las clases de historia en las escuelas, promoviendo el desafecto con España, fomentando la xenofobia y el odio a través de sus medios de comunicación públicos y creando un sistema de intimidación cultural y social contra quienes no están de acuerdo con sus planes.

Esto nos lleva al enfrentamiento de este fin de semana donde, en una votación ilegal en Cataluña, los tribunales son desafiados y la democracia está en peligro.

¿Y por qué es ilegal el voto? ¿Por qué no se debe permitir que los catalanes voten? En primer lugar, ningún grupo puede decidir sobre algo que no posee. Una parte no puede gobernar sobre el conjunto. Y, como en cualquier fideicomiso o empresa mutua, una parte de sus miembros no puede votar sobre las decisiones que afectan a todos ellos, mucho menos cuando no permiten que los demás voten. Una parte de los catalanes no puede decidir por sí mismos para derogar la Constitución de España y convertir a la mayoría de los españoles extranjeros en parte de su propio país.

El sistema democrático de España permite estas discusiones, pero en el contexto de una decisión del parlamento nacional y un voto nacional. Una votación que, a diferencia del referéndum ilegítimo propuesto, se basaría en un censo oficial, garantías procesales completas y, muy probablemente, una participación mínima requerida y una mayoría cualificada, como se espera cuando se habla de romper un país.

La prohibición de este referéndum ilegal no debe considerarse una restricción de la libertad política.

Un gobernador de los EE.UU. o el presidente de un consejo regional en Israel estaría en la cárcel en este momento si hubiera presionado por una acción ilegal de tal calibre.

Desde el advenimiento de la democracia en España, los catalanes han disfrutado de la libertad y el reconocimiento de sus peculiaridades regionales. Los secesionistas han sido lo suficientemente libres para eliminar los símbolos nacionales españoles de las instituciones que controlan, sin consecuencias.

También han podido desterrar la lengua española (hablada por la mayoría de la población local) de la educación, los documentos y transacciones oficiales, de las emisoras públicas locales de televisión y radio, sustituyéndolo por completo con la lengua catalana local, sin consecuencias. En resumen, ahora estamos experimentando las consecuencias de que los secesionistas no sean oprimidos durante décadas, sino que se les permita hacer lo que les plazca.